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Econoticias Bolivias
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El
nuevo gobierno boliviano del presidente Carlos Mesa no
se apartará ni un milímetro de la línea del Fondo
Monetario Internacional (FMI) y dará continuidad a
las políticas económicas y fiscales emprendidas por
su antecesor el ex presidente Gonzalo Sánchez de
Lozada. Es, todo un desafío para los trabajadores y
sectores empobrecidos de la población.
El flamante ministro de Hacienda, Javier Cuevas, aseguró
hoy que se dará estricto cumplimiento a los programas
suscritos con el organismo internacional, a pesar que
éstos habían sido severamente cuestionados por las
organizaciones sociales y laborales al considerarlos
como causantes del mayor agravamiento de la crisis
económica, el aumento del desempleo y el crecimiento
de la pobreza, factores que impulsaron la reciente
rebelión popular en Bolivia.
"Los acuerdos con el FMI son una imposición que
trae sangre y luto a Bolivia", dijo la Central
Obrera
Departamental de La Paz al recordar que la reducción
del déficit fiscal exigida por el Fondo había
originado en febrero del 2003 la muerte de 33
ciudadanos y más de un centenar de heridos, producto
del "impuestazo" sobre los salarios que
intentó imponer el gobierno de Sánchez de Lozada,
urgido para aumentar las recaudaciones.
Estos acuerdos fueron, sin embargo, defendidos por el
flamante gabinete de "tecnócratas
neoliberales", posesionados este domingo por
Mesa.
"Los programas son del gobierno de Bolivia, no son
programas que imponen los organismos. Lo que si,
cuando uno va a pedir plata tiene que cumplir ciertas
condiciones", dijo Cuevas al justificar los
acuerdos que la administración de Gonzalo Sánchez de
Lozada arribó con el FMI y que obligan al Estado
boliviano a reducir el déficit fiscal y ampliar las
recaudaciones con un control más severo sobre los
impuestos que pagan los sectores de asalariados.
El flamante ministro, asesor económico por muchos años
de la Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia, informó que "Bolivia cumplió con las
metas establecidas en el acuerdo del programa Stand By
en su segunda revisión habitual con el FMI".
"Las metas a septiembre se han cumplido y
esperamos cumplir las de diciembre, el déficit fiscal
es una variable importante y hay que ver su
financiamiento", dijo al advertir que para
cumplir la meta del 7 por ciento de déficit fiscal
era importante mejorar las recaudaciones tributarias.
""Los acuerdos con el FMI son una imposición que trae sangre y luto
a Bolivia"
Central
Obrera, Departamento de la Paz
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"Una parte importante de recaudación son los
tributos. Para lo que resta del año esperemos que
mejore la regularización tributaria (con severas
sanciones sobre los asalariados) y la nacionalización
de motorizados y así tener los recursos suficientes
para llevar adelante la ejecución de gastos hasta fin
de año", agregó.
El ministro aseguró que tratarían de reducir el gasto
público con una política de austeridad, por lo que
no habría recursos para atender nuevas demandas
sociales planteadas por las organizaciones sociales y
laborales que se movilizaron desde septiembre y que
lograron echar del gobierno al ex presidente Sánchez
de Lozada.
"Es necesario no crear expectativas en la población
acerca de lo que podría ser el próximo presupuesto y
el presupuesto regional", dijo Cuevas.
Las exigencias del FMI sobre las autoridades y la
economía boliviana son tan excesivas que uno de los más
importantes economistas norteamericanos con fuertes
lazos con Bolivia, como Jeffrey Sachs, advirtió sobre
nuevos y graves peligros si continuaba esta tendencia.
Las presiones del FMI y de Washington están originando
graves conflictos sociales al empujar a los gobiernos
del continente a ejecutar severas políticas de
control del déficit fiscal, dijo hace poco.
Según consta en el "Memorándum Técnico de
Entendimiento", suscrito entre las autoridades
nacionales y el FMI, a mediados del 2003, el déficit
fiscal debe estar bajo estricto control para evitar
que desde enero del 2004 se eleve el precio de los
carburantes, lo que empeoraría las condiciones de
vida de la población y empujaría a la población a
nuevos y graves enfrentamientos.
Dirigentes sindicales y empresariales ya habían
advertido que esta presión del FMI puede generar, a
principios del 2004, otros estallidos sociales de
imprevisibles consecuencias.
Este panorama se agrava si se considera que entre los
condicionamientos del FMI sobre el gobierno boliviano
está la ejecución del proyecto de exportación de
gas a Estados Unidos, en el entendido que esta obra
generará ingresos fiscales adicionales. El proyecto,
que originó la mayor sublevación civil con un saldo
de más de 70 muertos y dos centenares de heridos,
debería iniciarse en el 2004 y ser concluido en el
2007, según establece un compromiso suscrito con el
FMI. En este tema, las autoridades han señalado, sin
embargo, que el acuerdo era "preliminar" y
no definitivo.
La posición oficial ya ha sido presentada por el
presidente Mesa y será un referéndum vinculante el
que determine si este proyecto marcha o no, se aseguró
en Palacio.
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